El Supremo niega una indemnización a Amaia Piedra por su sanción anulada

Publicado por 01/12/13 - 0:21

amaiapiedraAS

Punto y final a una historia de supuestas trazas de EPO, sanciones archivadas por defectos de forma y una carrera deportiva cerrada de la manera más abrupta. El Tribunal Supremo ha decidido, en una sentencia a la que ha tenido acceso Foroatletismo, que la administración no tendrá que indemnizar a la fondista bilbaína retirada Amaia Piedra, a quien la justicia ordinaria anuló por defectos formales una sanción de dos años de suspensión por un positivo por EPO en 2004. Para los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, la justicia anuló esta sanción deportiva por un defecto de forma – el expediente sancionador caducó ya que pasaron más de seis meses entre su incoación y su notificación a la corredora – pero sin entrar a valorar el fondo del asunto, por lo que Amaia Piedra no tiene derecho a ser indemnizada por la administración ya que no quedó demostrado que la sanción no estuviera motivada, aunque el expediente caducara. Solicitaba una reparación económica de 284.038 euros por daños y perjuicios.

La historia del positivo de Amaia Piedra nos lleva a junio de 2004, durante el campeonato de España de federaciones que se celebraba en Valladolid: la atleta bilbaína estaba en su momento más dulce, después de haber sido novena en los mundiales de pista cubierta, campeona de España de cross en Santiago de Compostela y días antes de firmar su mejor marca en 5.000 metros (15:21.43). Un control antidopaje celebrado en este campeonato de federaciones, donde corrió los 1.500 metros, arrojaba un resultado adverso que posteriormente se convertiría en un positivo por EPO, y en una sanción de dos años que mantendría a esta fondista vasca sin competir hasta febrero de 2007.

Amaia Piedra no fue convocada ni para los Juegos Olímpicos de Atenas ni para los Juegos del Mediterráneo, y anunció a los cuatro vientos que se trataba de una sanción injusta, que su expediente estaba limpio y que recurriría esta sanción ante la justicia aportando pruebas sobre las supuestas irregularidades cometidas durante la cadena de custodia de sus muestras, las que dijeron que había EPO en su organismo. Finalmente fue el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco quien en enero de 2008 anuló esta sanción, pero sin entrar a valorar si efectivamente Piedra se había dopado o no: el expediente sancionador era nulo porque había caducado, pasaron más de seis meses desde su incoación hasta que la corredora recibió la notificación, defecto de forma suficiente para anular la sanción deportiva sin entrar a valorar el fondo del asunto.

amaiapiedraRECLAMÓ UNA INDEMNIZACIÓN ANTE LA JUSTICIA

Una vez que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco le dio la razón, aunque fuera por el camino de los errores burocráticos de despacho, Piedra emprendió el camino de solicitar una reparación económica por los daños que aseguró haber sufrido en virtud de una sanción por dopaje posteriormente revocada: anulación de sus resultados deportivos más importantes, retirada de títulos, premios, medallas, puntos, y premios en metálico por los que solicitaba 284.038 euros por daños y perjuicios, “una cantidad que supone una aproximación a unos daños de difícil cuantificación” según ella misma.

En abril de 2010 fue el Consejo Superior de Deportes quien le negó esta indemnización, en mayo de 2012 fue la Audiencia Nacional quien hizo lo mismo y en julio de este año 2013 ha sido finalmente el Tribunal Supremo, según ha podido saber Foroatletismo, quien ha guardado en el cajón sus pretensiones de ser indemnizada. Los jueces del alto tribunal prácticamente calcan los argumentos de la sentencia de la Audiencia Nacional, señalando que su sanción por dopaje se anuló por caducidad del expediente, y no porque la justicia vasca comprobara que en realidad no había dado positivo por EPO, por lo que esa sanción no fue “irrazonable” aunque se basara en un expediente caducado y por tanto no se puede exigir una indemnización a la administración: “De esa antijuricidad no se derivan los perjuicios alegados, ya que tienen su origen en una resolución sancionadora suficientemente motivada y cuyos fundamentos facticos no fueron desvirtuados”. Es decir, que el positivo de Amaia Piedra nunca fue puesto en entredicho por la justicia, y las consecuencias de todo esto no son imputables a nadie: los resultados de los análisis “no han sido desvirtuados mediante las alegaciones de la recurrente, pues supuestos errores y fallos en la cadena de custodia a los que la atleta hacer referencia no perjudicaron el análisis que resultó positivo” reza la sentencia de la Audiencia Nacional que ahora confirma el Supremo.

Ella, sin embargo, sostenía en su demanda que el Comité de Disciplina Deportiva debió haber observado en su momento la caducidad de este expediente, y no haber seguido adelante con el proceso sancionador.

EL CASO DE RAFAEL IGLESIAS COMO CONTRASTE

La defensa de Piedra, para reforzar sus argumentos, presentó como sentencia de contraste el caso de otro fondista español cuya sanción anuló la justicia ordinaria, y a quien sí concedieron finalmente una indemnización por los daños causados. El maratoniano salmantino Rafael Iglesias fue apartado dos años de la competición después de dar positivo en un control de dopaje fuera de competición en abril de 2002, “estando bajo tratamiento por una prostatitis”, cuando tenía 23 años y empezaba a despuntar como campeón de España sub23 y universitario. La suspensión de su licencia se ejecutó, Iglesias cumplió su sanción, y en abril de 2007 fue la justicia ordinaria quien anuló la sanción, también por caducidad del expediente según reza la sentencia.

Pero a Rafael Iglesias la justicia sí le reconoció el derecho a ser indemnizado por todo el perjuicio deportivo y económico que le había producido dejar de competir durante dos años en base a una sanción anulada. En junio de 2011 la Audiencia Nacional le otorgaba el derecho a ser indemnizado con los 3.500 euros que en principio le negó el Ministerio de la Presidencia: en este caso los jueces dijeron que “la ejecución de la sanción posteriormente anulada acarreó unos daños al recurrente que son evaluables económicamente y que no tiene el deber jurídico de soportar”. Es decir, que en este caso la justicia sí encontró un nexo causal entre la actuación de los sancionadores y que Iglesias perdiera becas universitarias y contratos deportivos.

Un caso que a primera vista es idéntico al de Amaia Piedra pero que para los jueces del Tribunal Supremo no es suficiente para estimar un recurso de unificación de doctrina: dicen en su texto que en el caso de Rafael Iglesias la justicia “no valoró de forma expresa la si la declaración de nulidad de la sanción impuesta viene determinada por la caducidad del expediente sancionador, y ello a diferencia de la sentencia recurrida – la de Amaia Piedra – que sí valora, a efectos de responsabilidad, la caducidad como causa de nulidad”. En su demanda, Iglesias solicitaba una indemnización de 62.143 euros por haber perdido becas para estudiar Historia en la Universidad de Valladolid, por perder su calificación de deportista de alto nivel en Castilla y León, su contrato deportivo con el club de atletismo de la Universidad de Salamanca y también por daños morales.

ELLA SIEMPRE DEFENDIÓ SU LIMPIEZA

Salvo que decida llevar su caso ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, la fondista vasca retirada Amaia Piedra no será indemnizada. Otro caso de sanciones por dopaje anuladas por errores burocráticos, en los que los atletas ponen en entredicho el resultado de un análisis que les llevó al banquillo durante varios años. Durante todos estos años, Amaia Piedra siempre ha defendido su inocencia, e incluso se mostró decepcionada en una entrevista concedida al periodista Igor Barcia en El Correo cuando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló su sanción, pero por defectos de forma y no por valorar si realmente dio positivo: “He tenido que acudir a la justicia ordinaria y al final me han dado la razón por algo que no esperaba, por un error burocrático, lo cual me deja contenta, pero no satisfecha, porque no han entrado a valorar mi caso», afirmó entonces la corredora.

Ante la justicia, la bilbaína siempre alegó que esos resultados que dijeron que tenía EPO en su organismo no eran válidos: según ella, “mis análisis de EPO dan un negativo rotundo”, se utilizó material sin homologar en los análisis, las muestras se llevaron en una mochila de camping y los resultados quedaron alterados, siempre según la versión de Piedra.

La misma vehemencia con la que el salmantino Rafael Iglesias, que cuando dio positivo se trataba de una prostatitis, ha defendido siempre su limpieza, antes y después de cumplir con la sanción que posteriormente anuló la justicia. En el caso de Amaia Piedra, nunca sabremos a ciencia cierta si el resultado de EPO en su organismo realmente se debió a prácticas de dopaje deportivo o a infracciones en la cadena de custodia de las muestras.

Fotos | Diario AS

Leer más sobre:   Atletismo de éliteAtletismo nacional

2 comentarios

  1. Himly
    (3-Dic-2013 | 10:38)

    Posiblemente quizas ella fuera inocente, pero desgraciadamente este país acostumbra a ser mundialmente “conocido” por temas de dopaje sobretodo en atletismo y ya se sabe que pagan justos por pecadores, es dificil sacar una conclusion clara pero me entristece que alguien pueda perder su carrera por un error sin llegar a entrar a valorar si el positivo fuera o no cierto

  2. lala85
    (10-Dic-2013 | 16:04)

    Sabiendo de muy buena tinta como se las gasta la federacion española en politica antidopage estoy segura de la inocencia de Amaya, la pobre solo fue la cabeza de turco para mantener al comite internacional antidopage tranquilo mientras se empezaba a descubrir la operacion galgo. Que poca conciencia destruir la carrera deportiva de alguien para limpiar tus pecados Odriozola.

Queremos saber tu opinión

Debes estar registrado para poder comentar en Foroatletismo.com

¿No eres aún foroatleta? Regístrate